La Justicia citará a alumnos secundarios por las amenazas de bomba a los colegios

Nacionales 06 de junio Por
Entre 2015 y 2016 hubo una llamada intimidatoria por día en las escuelas porteñas. El juez Bonadio identificó a un grupo de estudiantes, que deberán declarar en los próximos días.
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Llamar al 911, decir que hay una bomba en el colegio, zafar del examen. Volver a llamar al 911, decir que hay una bomba, volver a zafar… Y así sucesivamente. En los últimos años, hubo un promedio de una amenaza de bomba por día de clase en los colegios porteños, de acuerdo a los datos de los fiscales que intervienen en estas denuncias. Hasta ahora, la “travesura” -que obliga a la aplicación de un protocolo de evacuación con intervención de la Policía, bomberos y Defensa Civil- quedaba en eso: en un juego de chicos. Pero la Justicia decidió avanzar contra este delito de intimidación pública. Lo hizo el juez federal Claudio Bonadio, que identificó y llamará a declarar a seis estudiantes de la secundaria Joaquín V. González más un adulto

Las amenazas por las cuales se citará a estas personas a mediados de junio ocurrieron durante 2015 en ese colegio ubicado en el corazón del barrio de Barracas. Los jóvenes citados por la Justicia tienen hoy entre 17 y 19 años. Los menores deberán presentarse con sus padres. Bonadio también pidió información para saber cuánto le costó al Estado cada uno de los operativos aplicados en los protocolos por amenaza de bomba. De comprobarse la autoría, y tras el procesamiento, a esos jóvenes o sus padres se les podría trabar embargos por daños y perjuicios u ordenar medidas de reparación comunitaria.

La Justicia federal venía investigando las amenazas en los colegios porteños desde hace años, pero la novedad es que por primera vez se identifica y cita a los autores de esos llamados. Los citados deberán presentarse ante el juzgado de Bonadio para notificarse de la causa y es muy probable que terminen procesados, informan fuentes judiciales.

El colegio Joaquín V. González vivió una fuerte ola de amenazas hace dos años. Esa causa cayó en el juzgado de Bonadio, quien identificó a los autores a partir de un informe de las compañías telefónicas. Aunque parezca increíble, las llamadas fueron realizadas con teléfonos a nombre del padre u otra persona relacionada con esos jóvenes.

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